LOS OBISPOS Y LA LOE

Nota de prensa de la Comisión Permanente de la CEE sobre la LOE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebtró en Madrid, los días 27 y 28 de febrero, su CCIV reunión. Los obispos han reflexionado sobre la situación de la enseñanza en España y han aprobado una declaración titulada “La Ley orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de los padres y escuelas”.
Los obispos miembros de la Comisión Permanente de la CEE entienden que vivimos un momento decisivo para el futuro de la educación y por ello presentan en esta declaración una valoración detenida de la LOE y los Reales Decretos que la desarrollan. Además, argumentan cómo en esta normativa no se respetan algunos derechos fundamentales.
El documento se estructura en cuatro epígrafes principales: “La enseñanza de la Religión católica”, “El profesorado de Religión católica”, “La Educación para la Ciudadanía” y “Las libertades de enseñanza y de elección de centro educativo”.
Con respecto a la enseñanza de la religión, los obispos señalan que, en la Ley y en los Reales Decretos que la desarrollan, “carece de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente, es decir, cerca del ochenta por ciento de los padres”. Contrariamente a lo que se estipula en los Acuerdos Iglesia-Estado, en la LOE esta enseñanza no es tratada como equiparable a una asignatura fundamental.
La Ley introduce una nueva regulación del profesorado de Religión que no responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica, ni a la jurisprudencia sobre la materia. Se asimila la situación legal de los profesores de Religión en las escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, no reconociendo suficientemente el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral católica.
La nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía es una formación estatal obligatoria de las conciencias. Si el texto de la Ley dejaba algún margen para la duda, los Decretos que la desarrollan establecen expresamente que dichas enseñanzas pretenden formar, con carácter obligatorio, “la conciencia moral cívica” de todos los alumnos en todos los centros. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni la supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Esta Educación para la Ciudadanía de la LOE es inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona. Por todo ello, esta nueva asignatura reclama una actuación responsable y comprometida por parte de los padres y de los centros educativos. En este sentido, en el documento se señala que “los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa”.
Por otra parte, las libertades de enseñanza y de elección de centro educativo se encuentran, en la LOE, muy condicionadas, al quedar definida la educación, con un claro tinte estatalista, como un “servicio público” con el que la sociedad debe colaborar.
Los obispos concluyen afirmando que es necesario llegar a un gran consenso o pacto de Estado en las cuestiones básicas que afectan a los derechos fundamentales de las personas y de la escuela, y agradeciendo la labor de los profesores de religión, directores de centros educativos, Escuela Católica, educadores y padres.